Un conflicto que divide versiones en Barakaldo
La situación en las viviendas públicas del barrio de Urban, en Barakaldo, ha generado un intenso debate entre instituciones. Mientras el Ayuntamiento alerta de problemas de convivencia e inseguridad, desde el Gobierno Vasco se asegura que no existen denuncias formales registradas.
Las viviendas, adjudicadas recientemente en régimen de alquiler social, han sido el origen de quejas vecinales por supuestos robos, amenazas y comportamientos incívicos.
El Ayuntamiento reclama medidas urgentes
El Ayuntamiento de Barakaldo ha solicitado a Alokabide y al Gobierno Vasco una intervención clara ante la situación. La alcaldesa ha insistido en que el acceso a una vivienda pública implica también obligaciones de convivencia.
Como primera medida, se ha reforzado la vigilancia policial en la zona, con mayor presencia de la Policía Municipal y coordinación con la Ertzaintza.
El Gobierno Vasco rebaja la alarma
Frente a estas denuncias, el Ejecutivo autonómico ha aclarado que no constan quejas formales registradas en los organismos competentes. Insiste en que, si se producen hechos delictivos, deben ser comunicados a la policía.
Este contraste entre la percepción vecinal y los datos oficiales ha abierto un debate sobre la gestión de la convivencia en vivienda pública.
